El voto 3020-00 de la Sala IV, las manifestaciones, y lo que realmente dice

El Voto 3020-00 de la Sala Constitucional es frecuentemente citada por la gente que hace manifestaciones, como una defensa de su derecho a obstaculizar vías e impedir el libre tránsito. Según exponen, esta sentencia “prohibe” a la policía dispersar manifestaciones o detener a los manifestantes. A toda luz, los que exponen esta tesis están infiriendo que los derechos de una minoría están por encima de los derechos constitucionales del resto de los ciudadanos, que la Sala IV respalda esta limitación del derecho de la mayoría, y más bien concede una especie de “inmunidad” a los manifestantes.

Lo cual, evidentemente, no es cierto. Para tranquilidad de todos, el voto 3020-00 de la Sala Constitucional no limita el derecho al libre tránsito de las mayorías, ni concede inmunidad de ningún tipo, y más bien establece las reglas para que una minoría pueda realizar su manifestación -en sana convivencia- con el resto de los ciudadanos. Hago énfasis en la frase “en sana convivencia”: la Sala IV establece claramente en su voto que se debe buscar armonizar los derechos de los manifestantes con los derechos de los ciudadanos que transitan por las vías.

Ir directo a las conclusiones

Desafortunadamente la mayoría de las veces se cita únicamente el punto décimo “análisis del caso concreto” del voto de la Sala, ignorando por completo que antes de éste existe todo un desarrollo de casi 9 páginas, para llegar a ese punto. Ese desarrollo explica claramente los principios bajo los cuales se emite el voto, principios que rigen la interpretación del mismo.

Al citar únicamente el “análisis concreto” del caso, se está citando el análisis de un caso particular, ocurrido en el año 2000, sin tener en cuenta el razonamiento, y se está sacando totalmente de contexto este voto de la Sala IV.

El caso concreto

El voto 3020-00 fue emitido por la Sala IV a raíz de un recurso de hábeas corpus, puesto en el año 2000 por un grupo de manifestantes de las marchas del Combo, que fueron detenidos por la Fuerza Pública. Los manifestantes alegaron (según el mismo texto del voto) que su detención fue injustificada, y que no recibieron advertencia previa. Adicionalmente se alegó el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

Como primer punto que hay que tener en cuenta, el “resultando” del voto, tiene un contexto específico asociado. El origen de este voto no fue un cuestionamiento del derecho de libre tránsito de los ciudadanos, ni fue un cuestionamiento del derecho de la policía de resguardar el orden público y exigir cumplimiento de la ley, ni fue un alegato de que debía otorgarse a las manifestaciones inmunidad.

El alegato de los afectados fue contra el uso excesivo de la fuerza y la detención sin pruebas que sufrieron. Y la conclusión a la que llega la Sala es en ese contexto, lo cual se nota claramente en la redacción del voto: “la acción de la policía debió limitarse a resguardar el orden, la seguridad, la tranquilidad…”. “Debió”, no “debe”. En otras palabras, la Sala está analizando, como indica claramente el título, la acción de la policía en ese caso particular de la detención, bajo las condiciones particulares que se dieron.

No está pretendiendo establecer que la policía deba limitarse en sus funciones al estar ante una manifestación. En el caso concreto del 2000, debió limitar el uso de la fuerza, en el resto de las manifestaciones, la acción a tomar debe analizarse a la luz de lo que indica el voto de la Sala.

Sobre la libertad de manifestarse

La Sala IV, en el voto 3020, ratifica que el ciudadano privado no puede ser perseguido por expresar su opinión, y adicionalmente tiene derecho a hacer todo aquello que no le prohíba la ley. Sin embargo en el mismo análisis (punto III “sobre la situación jurídica”), reconoce el concepto de “ejercicio abusivo de un derecho”. Indica la sala que está noción establece que “las acciones privadas no podrán exceder los límites impuestos por la moral, el orden público, o el ejercicio de los derechos de un tercero.” Continúa la Sala:

Esto significa que en caso de que una acción privada imposibilite que un tercero ejerza libremente sus derechos, la ley sí podrá intervenir, con la finalidad de limitar el abuso y, de esta forma, armonizar el ejercicio de todas las libertades que concurren en el grupo social.”

En otras palabras, la Sala IV en este voto reconoce que el ciudadano tiene pleno derecho de ejercer su libertad, siempre y cuando lo que haga no esté en contra de la Ley, y además siempre y cuando en ese ejercicio no lesione los derechos de terceros. En este mismo punto, faculta al Estado para intervenir las acciones privadas a través de la policía para “tomar las providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas”. Eso sí, el Estado debe actuar apegado totalmente a lo que establecen las leyes (“principio de legalidad”).

Así, o más claro como lo dice la misma Sala?

La protesta realizada el veintidós de marzo pasado por un grupo de personas que se ubicaron frente a la Fuente de la Hispanidad, constituye una manifestación de la libertad de expresión que el ordenamiento jurídico les garantiza. Sin embargo, el ejercicio de ésta libertad no puede ser irrestricto, en tanto no podrá transgredir el contenido mínimo esencial de los derechos y libertades reconocidos a favor de los terceros, entre éstos, la libertad de tránsito. En caso de que éste exceso se verifique, el Ministro de Seguridad Pública podrá realizar las acciones que estime necesarias para la protección de los derechos y libertades fundamentales que están siendo lesionados con el ejercicio abusivo de la libertad de expresión.”

Sobre la libertad de tránsito

La Sala IV, en el voto 3020, reconoce el derecho de todo ciudadano a circular libremente por el territorio, tanto con base en lo que dice la Constitución, como con base en convenios y declaraciones internacionales aplicables.

Acerca de la detención de los manifestantes (sección VI)

La detención de una persona, según la Sala IV, debe respetar lo establecido por la Constitución, esto es, la persona no puede ser detenida sin orden de un juez, a menos que se encuentre cometiendo un delito infraganti. El caso de delito infraganti, dice la Sala, se define en el artículo 235 del código penal, donde se establece que la policía puede detener a alguien sin orden de un juez, cuando: “a. Haya sido sorprendida en flagrante delito o contravención, o sea perseguida inmediatamente después de intentarlo o cometerlo, b. Se haya fugado de un establecimiento penal, c. existan indicios comprobados de su participación en un hecho punible y se trate de un caso en que procede la prisión preventiva”

En otras palabras, el voto de la sala no otorga inmunidad contra la detención a ningún manifestante. Cualquier manifestante puede ser detenido, si se cumple lo establecido por el Código Penal. Si un manifestante está cometiendo un delito o contravención, y es observado por la policía, puede ser detenido, como siempre se ha manejado en este país.

Aplicación proporcional de la fuerza y la policía (sección VII)

La misma Sala IV, en el Voto 3020, establece el derecho del Estado de utilizar a la policía y de aplicar la fuerza si es necesario, en las manifestaciones. Tal y como dice la misma Sala:

se concluye que el Estado, a través de los órganos y autoridades debidamente autorizados por la Constitución y las Leyes, tiene el monopolio de la fuerza legítima, esto es, la que puede emplearse, racionalmente, para hacer cumplir las leyes, mantener el orden público y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. (…) Si los particulares cometen crímenes o utilizan abusivamente la fuerza, aunque sea por motivos o pretextos políticos, el Estado cuenta con el Poder Judicial, la policía, la prensa, la opinión pública; esto es, con un conjunto importante de instituciones y medios que pueden movilizarse para denunciar, investigar y castigar estos crímenes.

No omito, aclaro, la parte sustituida por puntos suspensivos, que merece destacarse como tema independiente. La Sala IV estableció, en el voto 3020, que todo uso de fuerza por parte del Estado en el caso anterior, debe ser proporcional y justificada. Es totalmente cierto, según el voto, que si hay una manifestación pacífica, la policía no puede simplemente lanzar gases y golpear a la gente, lo cual sería un acto injustificado y excesivo. En el caso del voto 3020-00, la condena al Estado por parte de la Sala fue precisamente por este motivo: los manifestantes se encontraban (según concluyó la Sala) en una condición pacífica, y la policía los atacó con gases y macanas, un acto desproporcionado e injustificado.

Pero, la proporcionalidad también aplica en el sentido contrario. Si los manifestantes atacan a la policía, si empujan, si tiran piedras, la policía debe responder con fuerza apropiada. Si un manifestante golpea a un policía, el policía tiene derecho de regresar el ataque en defensa propia. Siempre y cuando se demuestre que existió una condición que ameritara la agresión física al manifestante, el empleo de fuerza física, o el uso de medios no letales para inhabilitar a la gente (= gases), la policía puede hacerlo, basada en el monopolio de la fuerza legítima que le otorga la Constitución.

La culpabilidad del Estado en el 3020, sus implicaciones, y los cuestionamientos a la misma 

El Estado fue declarado responsable en el voto 3020-00, de haber empleado desproporcionadamente la fuerza contra los manifestantes detenidos. Sin embargo, en ningún momento se cuestionó su derecho de emplear la fuerza, de garantizar el libre tránsito, o de detener a manifestantes que cometieran delitos. Todo lo contrario: estos derechos del Estado y de la policía fueron ratificados por la Sala IV en el voto 3020-00, siempre y cuando se respete lo establecido por la Constitución y las leyes, y siempre y cuando exista proporcionalidad en la aplicación de la fuerza.

Es totalmente incorrecto decir que con base en el voto 3020-00, la policía no tiene derecho de detener manifestantes, o de inhabilitarlos con mecanismos físicos. Si el manifestante en cuestión realizó un acto que justifique empleo de la fuerza, la policía está en todo su derecho de hacerlo.

Como detalle interesante se puede mencionar que la Sala llegó a su conclusión, basada en un elemento algo “atípico”. El Ministro de Seguridad en aquél momento suministró una declaración jurada, donde explicó todas las condiciones del caso que llevaron a la aplicación de la fuerza. Sin embargo, la Sala descartó esa declaración jurada, y se basó en declaraciones televisadas del Ministro, para concluir que el Estado era culpable:

A pesar de que lo dicho por el Ministro de Seguridad en su informe dista sustancialmente de las declaraciones rendidas ante la opinión pública, éstas constituyen un hecho público y notorio que la Sala Constitucional no puede pasar desadvertido, dado que su función es tutelar de manera efectiva los derechos y libertades de las personas.” (sección X)

La Sala condenó al Estado porque el Ministro dijo a la prensa que estaba iniciando una investigación contra algunos policías por uso excesivo de fuerza. Le valió la declaración jurada y todos los informes presentados, y simplemente porque el Ministro dijo a la prensa, bajo condiciones no del todo claras para la Sala, que habían indicios de uso excesivo de fuerza, declaró culpable al Estado.

El objetivo de este análisis, por supuesto, no es determinar si la Sala emitió un voto arbitrario o antojadizo. Sin embargo es interesante mencionar ese detalle particular, porque genera cierta duda razonable en cuanto a la solidez de los argumentos y pruebas que se presentaron: qué fortaleza pueden haber tenido, si al final la Sala IV tuvo que basarse en una declaración de un noticiero para justificar la culpabilidad?


La obstrucción permitida del tránsito, los derechos de los manifestantes, y los derechos del resto

Ahora si, conociendo todo el desarrollo que realizó la Sala IV en el Voto 3020-00, llegamos a la parte que mayor debate ha generado: hasta donde llegan los derechos de los manifestantes, y hasta donde los de los demás ciudadanos que desean hacer uso de la vía pública.

El Voto 3020-00 de la Sala Constitucional establece que es derecho de los ciudadanos manifestarse, pacíficamente, y que al hacerlo pueden hacer uso de las vías públicas. La Sala confirma ese derecho al establecer que “durante las manifestaciones populares es factible que el ejercicio de la libertad de expresión de unos limite el ejercicio de la libertad de tránsito de otros”, lo cual es evidente: si se está realizando una marcha por una calle, por esa calle no pueden circular los vehículos.

Sin embargo, en este mismo voto se establece que el Estado, a través de las instancias a las que competa, “debe analizar el contenido mínimo esencial de ambos derechos, con la finalidad de armonizar las libertades que coexisten en el grupo social, evitando el uso abusivo de una u otra pero sin vaciar de su contenido esencial a ninguna.” Como La Sala explicó claramente en el punto III de su voto, un ciudadano o grupo de ciudadanos no pueden hacer uso abusivo de sus derechos: no pueden pretender que su derecho a manifestarse lesione más allá de lo estrictamente necesario, el orden público y el derecho de los demás a circular. En el momento en que la manifestación se haya desarrollado hasta un punto razonable, los manifestantes deben ceder el paso y permitir el uso de las vías y los espacios públicos.

Quién es el responsable de decidir en qué momento se alcanza un “punto razonable”? La misma Sala lo dice: el Estado a través de las instancias a las que competa. Llámese la Fuerza Pública, la Policía de Tránsito, o el centro de crisis. Esas instancias deben tomar la decisión de en qué momento los manifestantes cumplieron su objetivo, y proceder a movilizarlos o reorganizarlos, para recuperar el uso de las vías. Los manifestantes no deciden en qué momento dejan de estorbar, lo decide el Estado, según lo establece el voto de la Sala. Esa decisión del Estado debe ser razonable, como dice el mismo voto no se puede “vaciar de contenido esencial” la libertad de los manifestantes de expresarse. Al mismo tiempo, no se puede “vaciar de contenido esencial” el derecho de los demás ciudadanos de usar una vía pública.

Pero, la Policía tiene derecho de disolver una manifestación. Es totalmente incorrecto decir que no lo tiene. Por qué? Porque precisamente al permitir que una manifestación siga más allá de cierto punto, se está violentando lo establecido por la Sala en cuanto a lograr un ejercicio armonioso de las libertades. Si se observa que se está excediendo el uso razonable de la vía por parte de la manifestación, la policía puede despejar o reacomodar a la gente.

Similarmente, los manifestantes no tienen absolutamente ninguna inmunidad concedida por la Sala IV en el voto 3020-00. Están sujetos a las mismas leyes que el resto de los ciudadanos del pais, y si cometen un delito,  contravención, o cualquier acto que amerite prisión preventiva, pueden ser detenidos por la policía y puestos a la orden de un juez (ver sección VI del voto). En este sentido, es interesante ver el nivel de error en el que caen en estas situaciones: los manifestantes exigen la liberación de los detenidos, antes de que sean puestos a la orden de un juez, y pretenden obstruir el proceso hasta que la policía libere al detenido. Lo cual es improcedente en lo absoluto: ni a los manifestantes, ni a la policía, corresponde juzgar y declarar culpable o inocente a una persona detenida. Ni siquiera es de su competencia determinar si se siguieron o no los procesos exigidos por el Código Penal.

En caso de que los manifestantes agredan a la policía, la Sala IV ha establecido en este voto que la policía tiene derecho a reaccionar, haciendo un uso proporcional de la fuerza. Nuevamente, ningún manifestante tiene inmunidad por su condición de manifestante. Están protegidos por la Constitución contra abusos de fuerza por parte de la policía, o el uso de la fuerza en situaciones donde no se justifica, pero en cualquier situación que lo amerite ya sea por agresión a la autoridad, por obstrucción o resistencia, o para salvaguardar la seguridad de los policías o demás ciudadanos, todos los manifestantes están expuestos a que la policía les aplique la fuerza requerida para someterlos o dispersarlos.

Los ciudadanos deben conocer sus derechos y garantías, constitucionales y no constitucionales. Pero deben conocerlos integralmente, y aplicarlos integralmente. Es un error, y hasta peligroso, que basados en interpretaciones parcializadas y arbitrarias de fragmentos de la ley, los ciudadanos se otorguen derechos que en realidad no tienen. El Voto 3020-00 de la Sala IV es claro en establecer el derecho a la manifestación, y la protección del ciudadano contra un uso desmedido de fuerza, siempre y cuando se respete el derecho de los que no participan de la manifestación de circular y estar tranquilos. Al mismo tiempo, la Sala establece que corresponde a la Policía garantizar un equilibrio entre esas libertades de los manifestantes, y las libertades del resto, y tomar las acciones que corresponda para proteger a ambos bandos. Incluyendo, si es del caso, la disolución de los manifestantes y el uso de la fuerza justificada y proporcional.

Texto completo, Voto 3020-00, Sala Constitucional

2 Replies to “El voto 3020-00 de la Sala IV, las manifestaciones, y lo que realmente dice”

  1. Se que usted no habla "ni a favor ni en contra" de las acciones del día 8.11.12, pero después de este video me podría decir si usted considera o no que se dio un abuso de la fuerza:

    http://www.nacion.com/MenuEspeciales/Multimedia/Interna.aspx?id=263331&type=Video&sid=10625&section=El+Pa%C3%ADs

    Hacia una marcha que estaba a punto de terminar, en una hora que no era "hora pico" y que además la policía pudo habilitar vías alternas. Creo que aquí es un tema en el que no parece que se trataba realmente de velar por la libertad de tránsito. Además, yo no he visto que a los porteadores se les mande este contingente o se ignore recibir su pliego de peticiones. Esas son las preguntas que surgen… que molestan.

  2. Me gustaría contestar eso:
    Durante toda la mañana se trabajó con vías alternas. A las 12 me parece que sí es hora pico y la cogestión estaba muy mal. La policía solicitó, y tienen derecho a hacerlo, que se abriera paso. NO pidió que se callaran ni que se fueran, sino que se hicieran a un lado, en la acera.
    No lo hicieron. Es más, se mantuvieron y cuestionaron, y aun en horas de la noche estaban ahi dando problema.
    Que terminara o no a una hora, dependiendo de la situación, se puede solicitar cosas como por favor, hacerse en la acera o irse al parque detrás de la caja. Pero no lo hicieron.

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